México – La Fiscalía General de la República (FGR) se ha llevado un revés judicial en un caso de corrupción que habría sentado un precedente en la lucha del Gobierno por recuperar los bienes nacionales entregados a particulares en la época del PRI. La FGR había presentado una acusación contra la constructora española OHL y su sucesora, Aleática, por la probable explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, una vialidad elevada de 22 kilómetros construida sobre la carretera México-Querétaro, un camino de carácter federal. La concesión fue entregada a OHL en 2008 por el Gobierno del Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en los años dorados del poderío y los negocios del PRI en esa entidad. La Fiscalía acusó que la concesión fue ilegal porque, conforme a las leyes mexicanas, los permisos de explotación sobre vías generales únicamente pueden ser concedidos por el Gobierno federal, nunca por gobiernos estatales, como sucedió en el caso del Viaducto Bicentenario.
En una polémica audiencia que ha durado dos días, desde el martes hasta este miércoles, el juez estatal Daniel Ramírez Peña decidió que no existe delito que perseguir y ha ordenado dar carpetazo al expediente, con lo que ha quedado intacto el derecho de OHL-Aleática sobre la vialidad cuestionada. La Fiscalía ha anunciado que impugnará la decisión ante un tribunal colegiado y que denunciará al juez. A su vez, el abogado Paulo Díez, que presentó buena parte de las denuncias contra la compañía y que tenía el carácter de víctima en la causa judicial, ha afirmado que valora promover una queja en la Judicatura contra el juez Ramírez, por presuntas irregularidades en su conducta.
El abogado relata que, al inicio de la audiencia, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Estado de México), Ramírez atacó a los fiscales, a quienes reprochó una “deficiencia” en la exposición de los cargos, para después anunciar que, si esa actitud persistía, no tendría mayor remedio que no procesar a los acusados, según el relato de Díez, que estuvo presente. El abogado señala que es grave que el juez haya adelantado cuál sería su resolución antes de conocer los cargos. Los propios fiscales le exigieron al juez excusarse del caso, por su falta de imparcialidad, y pidieron que el expediente fuese turnado a otro juzgador, pero Ramírez no cedió. “El grado de injusticia con el que actuó el juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible”, señaló la FGR en un comunicado. Otra irregularidad, agrega Díez, es que el juez no quiso reconocerle a él su carácter de víctima, a pesar de la existencia de una resolución de un tribunal colegiado que le dio al abogado esa calidad, y le pidió abandonar la audiencia.
La FGR había acusado al actual director de OHL-Aleática, Rubén López Barrera, y a dos exdirectivos, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y José Andrés de Oteyza. Este último, un exfuncionario en el gobierno del priista José López Portillo, de 81 años, fue presidente del Consejo de Administración de OHL México hasta 2015, cuando se vio forzado a dimitir del cargo luego de que salió a la luz una serie de escuchas telefónicas entre altos cargos de la compañía y funcionarios mexiquenses (del PRI) que sugerían enjuagues corruptos para favorecer los negocios de la firma en infraestructura carretera en el Estado de México.
La Fiscalía acusó también a cuatro exfuncionarios de la Administración de Alfredo del Mazo en el Estado de México (2017-2022), señalados de haber firmado en 2020 un convenio para “legalizar” la concesión entregada a OHL. Se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos. Esta es la misma causa en la que fue denunciado el primer consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber utilizado sus influencias para ayudar a que OHL-Aleática no perdiera el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario. La Fiscalía no lo imputó en esta primera audiencia.
Aleática celebró la decisión del juez de ordenar el cierre del expediente. “Nos alegramos de que juez de control haya advertido que el caso carece de elementos. No cabe duda de que nuestro director general en México, Rubén López Barrera, no hizo más que dirigir nuestras acciones para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones en virtud de un Título de Concesión, que se otorgó de forma competitiva, válida y en pleno vigor. La resolución del juez lo reconoce”, indicó la compañía en un comunicado.