Política, Desarrollo y Pobreza

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Inicio esta colaboración con una pregunta para usted, estimado lector: Si las condiciones de desventaja histórica de las mujeres indígenas, para poner un ejemplo, son tan grandes en comparación con otros grupos sociales (hombres no indígenas), ¿las políticas públicas de colocar pisos firmes en sus habitaciones, otorgarles becas para educación básica, cuartos para que duerman dos por habitación y darles una póliza del Seguro Popular serán suficientes para ver en 20 años a esa niña indígena competir en igualdad de circunstancias con los jóvenes que hoy acceden a las mejores escuelas del país en zonas urbanas con todos los servicios?

Adivino que usted asevera que sin duda son insuficientes. De ello se habla en el informe liberado hace cuatro días por el Consejo Nacional de Evaluación de evaluación de la Política de Desarrollo Social -CONEVAL-, organismo encargado de normar y coordinar la evaluación de las políticas y los programas de desarrollo social, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza.

El CONEVAL diseñó la metodología para definir si una persona es pobre o no con dos grandes criterios: El primero es el bienestar económico; es decir, si el dinero que gana una persona le alcanza para la adquisición de bienes y servicios básicos. El segundo son el acceso que tiene la persona a los derechos sociales como la educación; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación, a la salud, la seguridad social y por último, el grado de cohesión social.

Esta metodología se ha convertido en un referente en el mundo, pero lo más relevante es que este indicador ha sido tomado por la administración federal y los gobiernos locales como el elemento rector de planeación de la política pública, como ocurre en Plan Nacional de Desarrollo 2013-8 y en Guanajuato el Programa Impulso que enfocan los recursos e intervenciones a fin de reducir la pobreza en las poblaciones con un mayor número de carencias.

El informe 2016 muestra al día de hoy que combatir la pobreza -reto inmenso de por sí- es apenas un piso mínimo en el acceso a los derechos, que el desarrollo social debe ser más amplio que sólo el abatimiento de la pobreza, para tener mañana un país en el que cualquier grupo social tenga la oportunidad de competir satisfactoriamente en el ámbito económico, político y social. Tener en la medición de la pobreza el hilo conductor de la política social ha sido sin duda bueno, pero es momento a la luz de los resultados vistos en la última década, que debe ampliarse ya la visión para avanzar a mejores horizontes.

El CONEVAL hace diversas recomendaciones para continuar avanzando, como por ejemplo, entre otras, dar herramientas a los ciudadanos para facilitar la exigibilidad de los derechos sociales con acceso efectivo a los mismos; un padrón único de beneficiarios de los más de cinco mil 491 programas sociales federales, estatales y municipales, para enfocarlos con metas a lograr de manera interinstitucional sin duplicar esfuerzos y darles seguimiento a mediano plazo.

Resalto por último el señalamiento que es indispensable fomentar la inserción de jóvenes en empleos formales y estables que les brinden recursos para una vida plena; así como elaborar políticas públicas que garanticen la vinculación a la protección social de los jóvenes de hoy en edad productiva para así garantizarles en el futuro una vejez con ingresos suficientes provenientes de la jubilación y plenos servicios de salud como requisitos mínimos. Atender las causas que han potenciado el incremento en la tasa de embarazos adolescentes y generar condiciones que reduzcan la violencia, inseguridad y crimen que a su vez disminuyan las altas tasas de homicidios en hombres jóvenes. Éstas son algunas de las tareas a realizar.

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