Presentan iniciativa que elimina privilegios de los servidores públicos de la federación

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Ciudad de México.- Con el propósito de disminuir el gasto corriente de la administración pública y acortar la brecha que existe entre las percepciones de algunos funcionarios públicos, en comparación con el salario de la mayoría de las familias mexicanas, el senador Fernando Torres Graciano presentó junto con la senadora Laura Angélica Rojas Hernández la iniciativa que expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

“La ciudadanía está cansada de los abusos de funcionarios públicos que viven con privilegios que la mayoría de las familias mexicanas no. Esta iniciativa es una muestra de sensibilidad ante la situación de crisis que estamos enfrentando”, explicó Torres Graciano.

La iniciativa establece que los servidores públicos no podrán percibir remuneraciones mayores a las del Presidente de la República.

Contempla como remuneración a la suma de todas las percepciones por las que se cubra un pago que ingrese al patrimonio del servidor público, mediante el concepto de “remuneración total anual”.

Las remuneraciones y tabuladores serán públicos y deberán especificar los rubros que componen el ingreso.

Y advierte que los Ministros, Magistrados, Senadores, Diputados Federales, Secretarios de Estado, Titulares de Organismos Constitucionales Autónomos, Secretarios Generales, Subsecretarios, Titulares de Unidad y Directores Generales; así como sus equivalentes en los tres poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos no gozarán de las asignaciones correspondientes a: tecnologías de la información, servicios de comunicación, vehículos y combustible para traslados.

Los viáticos serán sujetos a comprobación y los remanentes de los recursos asignados, deberán devolverse al órgano público que se los otorgó dentro de los diez días hábiles después de la conclusión de la comisión.

En la reforma al artículo 217 del Código Penal Federal, incluida en la iniciativa, se incorporan sanciones de seis a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, al servidor público que cometa el delito de uso ilícito de sus atribuciones y facultades.