Silao, Gto. 08 de abril de 2025.- El compromiso del Gobierno de la Gente es garantizar la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos, así como la libertad de expresión, “un requisito indispensable en toda democracia”, dijo la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en el Informe Anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.
“Este informe va mucho más allá de esa obligación legal de hacerlo de cara a la gente, representa, además, una expresión del compromiso y de la convicción que tenemos en el Gobierno de la Gente, por el respeto y la promoción del ejercicio de los derechos humanos, así como de la protección a quienes procuran la libertad de expresión”, apuntó la Mandataria Estatal.
Como resultado del trabajo en conjunto, con voz de las y los periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y autoridades estatales, la Gobernadora Libia Dennise, envió y exhortó al Congreso del Estado de Guanajuato, a discutir y aprobar dos iniciativas determinantes para garantizar las labores de quienes representa este Consejo.
“Hacemos un llamado al Congreso del Estado de Guanajuato, a poder discutir y aprobar a la brevedad estas iniciativas que fortalece el trabajo de este Consejo. Son acciones que determinantemente llevan al camino de salvaguardar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas “, dijo la Gobernadora.
La primera es una iniciativa de reforma al Artículo Primero de la Constitución, en esta reforma, el Estado y los municipios, garantizarán la protección y ejercicio de la actividad periodística, también, a toda persona que realice labores de búsqueda de personas desaparecidas tendrán la calidad de Persona Defensora de los Derechos Humanos.
La segunda, es una iniciativa de reforma al Código Penal a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, la cual aborda la pena de hasta seis años de prisión para quienes cometan delitos en contra de la libertad de expresión o contra la promoción y defensa de los derechos humanos.
Cuando en la comisión de estos delitos intervenga un servidor público, la pena de prisión se aumentará hasta una mitad y se le inhabilitará para ocupar un cargo, empleo o comisión pública por un término igual de la sanción privativa de la libertad impuesta.
En los resultados, el Secretario de Gobierno y presidente de este Consejo, Jorge Daniel Jiménez Lona, informó que durante el 2024 se recibieron 25 solicitudes de protección, sin embargo, 30 personas fueron beneficiarias; 26 periodistas y cuatro mujeres defensoras de los derechos humanos.
“Es necesario señalar que se han presentado casos muy graves de agresiones contra periodistas, donde lamentablemente han perdido la vida. Aquí seguimos refrendando un respetuoso llamado a la Fiscalía General del Estado. Es importante mandar este mensaje a los compañeros de la justicia para que se esclarezcan los delitos”, dijo Jiménez Lona.
Asimismo, se llevaron a cabo tres medidas de protección por medio del mecanismo federal. Este mecanismo consta de rondines de vigilancia fuera de los domicilios y el acceso a números telefónicos de emergencia.
El Consejo, además, apostó por la capacitación para fortalecer la seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, brindándoles conocimientos que les ayuden a prevenir o reaccionar ante situaciones de agresión.
