Por Redaccion
Valle de Santiago, Gto., 19 de junio de 2026.– Este día se cumple un año de la desaparición forzada de Juanito, adolescente de 15 años de edad, desaparecido el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago, Guanajuato. Trescientos sesenta y cinco días después, su madre buscadora continúa sin conocer su paradero, sin acceso a la verdad y sin garantías efectivas de justicia.
De acuerdo con los testimonios recabados por la familia y las investigaciones en curso, la desaparición forzada de Juanito fue presenciada por testigos que señalaron la participación de elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes habrían intervenido en un cateo irregular ese día. A pesar de la gravedad de estos señalamientos, hasta la fecha no existe una explicación oficial sobre lo ocurrido ni resultados concluyentes que permitan conocer dónde se encuentra el adolescente.
Durante este año, el caso ha trascendido el ámbito local para convertirse en un asunto de relevancia nacional e internacional. La desaparición de Juanito fue denunciada públicamente en múltiples espacios de incidencia, incluida su presentación en tres ocasiones durante las conferencias matutinas de la Presidencia de la República, donde Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que la Secretaría de Gobernación atendería a la familia, lo cual ha sucedido aún pese a las reiteradas peticiones a sus representantes.
El Estado mexicano no logró la ubicación de Juanito pese a las acciones internacionales, los compromisos públicos de la Presidenta, los procedimientos judiciales y los llamados desesperados de la familia. Más bien la situación se agravó el 28 de diciembre de 2025, cuando desapareció su padre, José Juan Arias Corona, de 39 años de edad, quien participaba activamente en la búsqueda de su hijo y exigía públicamente verdad y justicia. La desaparición de un padre buscador transformó este caso en un símbolo de los riesgos que enfrentan las familias que buscan a sus seres queridos en México.
La gravedad de los hechos motivó nuevamente la intervención de mecanismos internacionales de protección. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) ya había emitido la Acción Urgente AU 1945/2025 por la desaparición de Juanito, requiriendo al Estado mexicano adoptar medidas inmediatas de búsqueda, investigación y protección. Posteriormente, tras la desaparición de José Juan Arias Corona, el Comité registró una segunda intervención mediante la Acción Urgente AU 2211/2026, solicitando información sobre las acciones emprendidas para localizar al padre buscador y garantizar la protección de su familia.
Asimismo, la familia cuenta con procedimientos judiciales de búsqueda y protección ante el Poder Judicial de la Federación. En el caso de Juanito se promovió el Juicio de Amparo Indirecto 762/2025-II, mediante el cual se ordenaron acciones de búsqueda y localización. Dentro de dicho expediente, el 1 de enero de 2026, el órgano jurisdiccional reconoció como hecho notorio la desaparición de José Juan Arias Corona. Posteriormente se promovieron acciones judiciales adicionales para exigir su búsqueda inmediata y la protección de sus familiares.
La familia también es beneficiaria de las Medidas Cautelares MC-1170-25 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante las cuales se requirió al Estado mexicano adoptar medidas efectivas para proteger la vida e integridad de las personas beneficiarias, garantizar condiciones seguras para la búsqueda y prevenir daños irreparables.
Las investigaciones ministeriales registran avances limitados. Las líneas de investigación relacionadas con la posible participación de elementos de la Guardia Nacional y personal de la fiscalía no han producido resultados públicos concluyentes. Las personas señaladas por la familia y sus representantes continúan sin enfrentar consecuencias judiciales. Tampoco existe información que permita conocer el paradero de Juanito ni de su padre.
La familia ha denunciado amenazas, condiciones de inseguridad y falta de protección efectiva. Estas circunstancias se producen en un contexto donde las personas buscadoras enfrentan riesgos crecientes en distintas regiones del país y donde las medidas de protección implementadas resultan insuficientes frente a la magnitud del riesgo.
La situación resulta especialmente preocupante debido a las limitaciones institucionales que enfrentan las autoridades encargadas de la búsqueda. La Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato ha señalado reiteradamente restricciones presupuestarias y operativas que limitan su capacidad para desplegar acciones acordes con la magnitud de la crisis de desapariciones que enfrenta la entidad.
Este caso representa múltiples dimensiones de una misma crisis. Es la desaparición de un adolescente presuntamente cometida por elementos de la Guardia Nacional y ministeriales, es decir agentes estatales. Es la desaparición posterior de un padre buscador que exigía justicia. Es la ausencia de protección efectiva para una familia que continúa buscando. Es la persistencia de la impunidad frente a hechos de extrema gravedad. Y es también la evidencia de las dificultades que enfrentan las instituciones responsables de garantizar la búsqueda de personas desaparecidas.
A un año de la desaparición de Juanito y a casi seis meses de la desaparición de su padre, las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta: ¿Dónde está Juanito?, ¿Por qué los elementos de la Guardia Nacional se llevaron a Juanito el 19 de junio de 2025?, ¿Dónde está su padre José Juan Arias Corona?, ¿Quiénes son los responsables?, ¿Por qué las investigaciones no han logrado esclarecer los hechos?
La desaparición de una persona no concluye cuando transcurre el tiempo. Cada día sin respuestas profundiza el daño para las familias y prolonga la violación de sus derechos.
En este primer aniversario, familiares, organizaciones de derechos humanos y personas solidarias reiteran la exigencia de búsqueda y localización en vida, investigación efectiva e independiente, protección para la familia y cumplimiento integral de las medidas ordenadas por los mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos.